La unidad de los trabajadores es Invencible... y necesaria
El
presente texto habla sobre el paro de los funcionarios del Servicio de Registro
Civil. Sin embargo, al contrario de la mayoría de los textos en internet sobre
el tema, ofrece una defensa de la postura de ellos. Trataré brevemente de
explicar algunos puntos y, desde ahí, revisar el papel que medios formales y no
formales han desempeñado en dicho conflicto.
1.- El
Contexto.
Con fecha 14 de agosto de 2014,
el Gobierno de Michelle Bachelet, cuyo Ministro de Justicia era en esa ocasión
José Antonio Gómez, accedió a firmar un protocolo de acuerdo con los
funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (en adelante “el
Registro”)[1].
Sin embargo, este protocolo no busca poner fin a discrepancias surgidas en
2014, sino en 2013, durante las movilizaciones realizadas en la administración
de Sebastián Piñera, administración que llegó a un acuerdo y permitió que los
funcionarios retomaran sus funciones el 26 de septiembre de dicho año[2].
El punto es que dichas movilizaciones de 2013, a su vez, no son manifestaciones
producidas por hechos acontecidos en ese año, sino por compromisos incumplidos
con fechas muy anteriores. En palabras de la Sra. Nelly Díaz, Presidenta de la
Asociación Nacional De Empleados del Registro Civil e Identificación de Chile (ANERCICH),
el conflicto tiene su origen en 2011, al señalar que:
“…Nosotros estamos desde el año 2011 conversando con las autoridades del
Servicio y con las autoridades del Ministerio respecto de una mejora para
algunos funcionarios. Se han mejorado 709 funcionarios de los 3.000, eso ha
creado al interior del Servicio un descontento general. Este año el Director se
comprometió y vamos a seguir en la misma senda, mejorando en forma paulatina a
los funcionarios. Y este año, había un compromiso de mejorar a todos los
oficiales civiles, a todos los profesionales y a todos los técnicos, que eran
cerca de 700 personas este año, y hace 2-3 meses atrás el Director lo negó,
cerró la mesa y dijo que no había más mejoras. Eso significa que más de 2.300
funcionarios del Servicio no pueden optar a ninguna mejora, pero sí los 700 (…)
Nosotros desde el 2011 que estamos hablando con los diferentes Ministros de
Justicia que ha habido, pero cuando la Ministra de Justicia nos dice que va a ser
una mejora en forma paulatina nosotros aceptamos eso, pero cuando el Director
cierra las puertas y dice “no hay más mejoras” es porque ya no hay más mejoras,
o sea, ella nos dijo “en forma paulatina, pero vamos a llegar todos”, y de
repente, cuando con lo paulatino llegamos a 700 lo cortaron y dijimos “ya… nos
están engañando”[3].
Es de hacer notar que el acuerdo que
el Gobierno de Piñera firmó para
solucionar el conflicto que había estallado en 2013 (y que, recordemos, se arrastraba desde 2011) significaba la ejecución de
las soluciones a partir del mes de
enero de 2014, cosa que no ocurrió, por lo que las negociaciones de los
funcionarios del Registro para el cumplimiento de lo prometido recién
terminaron con el protocolo de agosto de 2014. Eso quiere decir que el terminar las movilizaciones casi no sirvió de nada, porque el acuerdo recién pudo hacerse efectivo 11 meses después del
fin del paro y 8 desde el incumplimiento real de los acuerdos mencionados. Aquí es importante notar que el hecho de que los funcionarios no paralizaran ni en enero de 2014, teniendo todo el derecho para hacerlo
por el incumplimiento de parte del Gobierno, ni en el período enero-agosto de
dicho año para presionar el cumplimiento de lo prometido, refleja desde ya la disposición de los
trabajadores al diálogo y las soluciones consensuadas, mientras que la dilación
prolongada del Gobierno para ejecutar lo acordado refleja por el contrario, su
disposición para negociar, pero no para ejecutar seriamente lo negociado.
Hablamos entonces de un conflicto
iniciado en 2011, con acuerdos
desconocidos por el Gobierno en 2013, solucionado en ese año, pero incumplido nuevamente
en 2014, solucionado en ese año y aún no cumplido, a casi dos meses de iniciar
2016. En resumen: casi 5 años de dilaciones para mejorar las condiciones de 700
funcionarios a nivel nacional, un 0.77% de los trabajadores públicos chilenos,
si sólo consideramos a los funcionarios de planta, porcentaje que se reduce a
0.41% si consideramos a los de planta y a los funcionarios a contrata[4].
Frente a esta realidad, los argumentos de los funcionarios para iniciar sus
movilizaciones son francamente irrebatibles, y empatizar con ellos es casi una
consecuencia lógica de lo anterior.
2.- Más importante que el conflicto: las
consecuencias.
La nobleza de esta lucha, además
puede verse en un dato que es tremendamente relevante: los trabajadores del
Registro Civil luchan, además, por montos de los cuales nunca podrán disponer.
En otras palabras, su lucha es gratis. Probaré este punto en base a un
razonamiento simple y lógico:
El protocolo firmado el 14 de
agosto de 2014 estableció los siguientes beneficios para los trabajadores del
Registro:
1.-
Mejoramiento en dos grados a funcionarios que cumplan con requisitos de
antigüedad y que nunca hubieren accedido a mejores grados en los últimos 4 años
2.- Mejoramiento en un grado a
funcionarios que cumplan con requisitos de antigüedad y que hubiesen accedido a
un beneficio de un grado con el acuerdo anterior, de 2013.
Con todo, el beneficio ni siquiera es para
todos los trabajadores, sino para aquellos que se encuentran entre los grados
20 y 22 del Servicio, pudiendo así alcanzarse hasta el grado 18 de la escala,
según consta en el mismo convenio. Los que creen que la Presidenta de la Asociación va a recibir algún beneficio de esto se equivocan, ya que ella tiene grado 14, según informa la página del Servicio.
Y en este punto es donde está lo
interesante: los aumentos de grado conllevan incrementos en las remuneraciones que,
si calculamos, las incrementarían entre $127.709 y $162.787, según los datos de
remuneraciones que el propio Gobierno establece en internet[5],
lo que haría parecer tal vez que son
montos importantes, sin embargo debe hacerse notar que estos incrementos son
respecto de las remuneraciones brutas,
por lo que no deben ser comparadas en términos de dinero (ya que ningún trabajador
chileno piensa en su remuneración en términos de remuneración bruta, sino
líquida), sino de porcentajes de la remuneración total. En este sentido, los
incrementos en las remuneraciones sólo implican aumentos en la remuneración
bruta de entre 14.8% y 15.9% respectivamente, muy lejos del entre 19.57% y
20.64% que implica todos los meses los pagos de seguridad social de los
trabajadores del país, los que corresponden a pagos de salud (7%), AFP (10%),
comisión de AFP (calculada con el mínimo que es 0.47%, pero que podría llegar a
ser de 1.54%), seguro de invalidez y sobrevivencia (1.15%) y seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (0.95%)[6].
En otras palabras: lo que los funcionarios
están buscando ni siquiera es para ellos, sino para sus descuentos legales, de
los cuales no van a ver un solo peso. Incluso, desde esta perspectiva, pienso
que la mayor muestra de ingratitud en este conflicto con los funcionarios del
Registro no va por parte del Gobierno, sino por las asociaciones de AFP e
ISAPRE las cuales, al llevarse entre el
17.47% y 18.54% de la remuneración bruta de los trabajadores afiliados, serían
los beneficiarios finales si los trabajadores del Registro triunfaran y el
protocolo se ejecutara.
Surge entonces la idea básica: si el aumento de la renta no se traduce en salario líquido, no suena entonces coherente que, después de casi 5 años de lucha la dejación del Gobierno se vea mínimamente compensada con una asignación extraordinaria para con los funcionarios que han tenido que llegar a estos niveles para hacerse escuchar?.
3.- La vergonzosa actuación
del periodismo en el conflicto:
Mi visión del periodismo es
pesimista, pero más que por un prejuicio, por un hecho concreto: nada de la
información relacionada con las demandas ni con las dificultades por las que
han pasado los funcionarios del Registro establecidas en este texto pudo ser
encontrada en fuentes periodísticas, por lo que se tuvo que recurrir a bases de
datos y videos en internet. Por el contrario, la información destinada a hablar
de las consecuencias del paro en los usuarios y la cobertura del Gobierno
fueron materia de todas las búsquedas encontradas en internet sobre el tema[7]. Terminando de editar este texto me he dado cuenta de que en un par de horas, con una base de datos nivel usuario y sin conocimientos técnicos, he recopilado más información sobre el conflicto que el 98% de los artículos de prensa sobre el tema. Patético, por decir lo menos.
El Código de Ética del Colegio de Periodistas
de Chile, cuya última versión es del mes de abril de 2015[8],
establece en forma clara en su introducción que:
“El compromiso del periodista con la sociedad y su deber de entregar
información verificable a la ciudadanía es irrenunciable y es su obligación
impedir que bajo ninguna circunstancia, ya sea por presión editorial,
publicitaria, política o económica, ésta sea alterada. La omisión, manipulación
o el falseamiento de la información es una falta grave que atenta contra la esencia
de la actividad de un o una periodista”.
Por
su parte, el artículo tercero de dicho
código establece que:
“El o la periodista no manipulará, bajo ninguna circunstancia, ni será
cómplice de modificar, alterar u omitir dolosamente la información”.
Estas indicaciones han sido
abiertamente vulneradas, para decepción de todos. No es primera vez que la
información de un conflicto entre trabajadores y jefes (públicos o privados)
aparece sesgada, minimizada o derechamente omitida en los medios de
comunicación. A estas alturas, con tantos ejemplos en tantas aristas, el hecho
de que periódicos, áreas de prensa de televisión, programas de radio y medios
digitales no describan ni informen adecuadamente el contexto de estas
movilizaciones es más la regla general que la excepción, y deberíamos estar conscientes
de ello, aunque sea tan sólo por razones de seguridad y logística social (qué
triste es tener que declararlo así en una democracia, pero a ese punto hemos
llegado).
Con esto, hago una acusación
directa a los periodistas chilenos de fallar a los principios que deberían
regirlos. Sus actuaciones deberían darles vergüenza y deberían reaccionar para
remediar el daño que han hecho a los trabajadores del Registro y, en general, a
los trabajadores chilenos, con notables y casi heroicas excepciones[9].
El tema es este caso particular es especialmente preocupante porque acá la
omisión ha sido transversal, al punto de que más bien pareciera una macabra
colusión editorial entre todos los medios de comunicación que una coincidencia.
Periódicos, noticiarios de televisión, programas de radio y medios digitales se
han dedicado más que en cualquier otra ocasión a una sistemática misión de
presentar hasta los más mínimos detalles de las consecuencias negativas de la
movilización de los funcionarios del Registro, pero no de los años de permanentes
perjuicios que se han ocasionado a los funcionarios del Registro en base a la
enervante política pública del “este año no se atiende, el próximo sí”, ni
menos aún sobre las causas de dicha movilización, las cuales circulan vagamente
y casi como un rumor entre líneas como “un bono”[10]
o “incentivos extraordinarios”[11],
lo cual es en el mejor de los casos un grave error y en el peor de ellos, una
abierta mentira. Como consecuencia, al omitir el contexto de la pugna entre los
funcionarios y el Gobierno, se ha impuesto por omisión en la opinión pública la
idea de que la responsabilidad del conflicto recae en dichos funcionarios, sin
cubrir adecuadamente los reiterados y probados incumplimientos de los últimos
Gobiernos, cuyo masivo incumplimiento desde al menos 2011 es realmente la causa
remota del conflicto. Ni siquiera la excusa de estar bajo un mandato editorial es válida. Todos los periodistas hoy tienen a su disposición plataformas digitales, incluyendo redes sociales, que les permiten comunicar y opinar de lo que en el trabajo se les prohíbe. Lo suyo no es falta de medios, sino de voluntad de salir del discurso repetitivo y masticado de que los funcionarios son sólo niños ruidosos esperando que los tomen en cuenta.
4.-La réplica.
Dejando fuera a los periodistas
profesionales, gran parte de la desinformación sobre el conflicto radica
también en quienes alzan su voz por las redes sociales. Sin embargo, en este
sentido acá la responsabilidad se diluye, y no sólo porque no son
profesionales, sino porque, generalmente, adolecen de algo importante, que es la
fundamentación. Concuerdo, al ver estas opiniones pontificales, con Mao
Tsé-Tung, quien en Citas del presidente
Mao Tsé-Tung, más conocido como el Libro
rojo de Mao establece sobre el tema:
“…Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Aunque esta
afirmación mía ha sido ridiculizada como empirismo estrecho, hasta la fecha no
me arrepiento de haberla hecho; al contrario, sigo insistiendo en que sin haber
investigado nadie puede pretender el derecho a hablar. Hay muchos que, apenas
descienden de su carroza, comienzan a vociferar, a lanzar opiniones, criticando
esto y censurando aquello; pero, de hecho, todos ellos fracasan sin excepción,
porque sus comentarios o críticas, que no están fundamentados en una
investigación minuciosa, no son más que cháchara…”[12]
Recuerdo con esto una sucesión de
columnas y artículos de opinión[13]
[14]
que no sólo dan cuenta del resultado de omitir el contexto, sino de la creación
de una figura de abierto resentimiento a las movilizaciones de los funcionarios
del Registro. Particularmente, recuerdo la columna de Francisco Méndez en el
portal mqltv.com[15] denominada
“La gran pataleta de Nelly Díaz”,
como si esto no fuese más que un juego personal. Sin referencias, sin análisis
de contexto, sin exponer la opinión de las partes y usando la afiliación
política como sinónimo de obediencia ciega e idolátrica a dirigentes en la
oscuridad, la pataleta más bien parece venir desde ese tipo de columnas y
opiniones fútiles, carentes de la profundidad suficiente para abordar años de promesas incumplidas e
intransigencias, para dedicarse con una liviandad que llega a ser psicótica a
menoscabar a la organización que desde hace años se mantiene firme frente a los
incumplimientos, las omisiones de los medios y, por sobre todas las cosas,
frente a la indiferencia de un pueblo que debería sentirse orgulloso y debería
admirar a quienes, en un país donde el que no calla se va, se niegan a ser
redondeados hacia abajo, ninguneados, acallados y exigen los que se les debe
(no los que se les propone) luchando con la herramienta más poderosa: la unidad
de los trabajadores.
No quisiera dejar pasar tampoco
la ocasión para replicar en forma crítica la labor del Gobierno. En primer
lugar, su gestión inoperante e intransigente, ha provocado este conflicto. La
impostura ya comentada de decir “lo hago a la buena onda” en vez de “lo hago
porque es mi deber” es una manera indecente de ganar popularidad haciéndose
pasar por víctima, siendo victimario. Por otra parte, el amenazar con invocar la Ley de Seguridad del Estado,
normativa que no permite más que hacer que el Gobierno sea querellante, sin
otras consecuencias jurídicas de relevancia, no es más que una forma de amedrentar
a quienes no conocen su contenido. Eso es, más que indecente, matonesco.
Finalmente, sobre este punto hay
que recalcar una impostura que subyace permanentemente en este conflicto: el
discurso del Gobierno de Bachelet de estar haciendo un esfuerzo de buena fe al
cumplir estos protocolos, discurso que puede verse reflejado tanto en el texto
mismo del protocolo de 2014 “…quedaron
temas pendientes, los cuales fueron planteados al actual Gobierno, quien de
buena fe y con la única voluntad de colaborar en la solución total de las
demandas(…) decidió acoger tales puntos…”) como en declaraciones de
miembros de dicho Gobierno[16].
Esa impostura es una enorme y grosera forma de sanear su abierta
irresponsabilidad, ya que es evidente que el Gobierno no cumple otro rol que
ser representante y administrador del Estado, persona jurídica de Derecho
Público diferente a dichos representantes, por lo que si unos administradores
en 2013 suscriben en dicha calidad un convenio, los administradores de
2014-2018 no puede elegir si cumplirlo o no. No le están haciendo un favor a nadie, y deberían dejarlo en claro. Es obvio y evidente que si
desconocen este principio con los funcionarios del Registro, pueden
desconocerlo con los concesionarios de carreteras, empresas mineras y otros
ejemplos donde dicho principio radica. Pretender, entonces, un esfuerzo y optar
por cumplir los convenios prometidos no es más que una pobre representación
teatral destinada a manipular a la opinión pública para generar una opinión destinada
a pensar en una intransigencia desde los funcionarios del Registro, cosa que a
la luz de estos antecedentes es evidente que no sucede.
Quisiera terminar dejando en
claro un punto: Se ha señalado que los funcionarios del Registro tienen remuneraciones
altas[17],
así como se dijo en su momento de los profesores[18].
Estos términos pasaron al debate público en medio de paralizaciones de
servicios, en ambas ocasiones. En ambos casos, el Gobierno amenaza con
descuentos y aplicación de la Ley de Seguridad del Estado (y no de “Seguridad Interior
del Estado”, como suelen citarla), en vez de sentarse a dialogar. De la misma
manera, la estrategia es centrar el debate en las consecuencias y no en las
causas del conflicto, lo que representa una abierta deslealtad a la hora de
presentarse como un actor de confianza. Quisiera explicar esto último con un
ejemplo: si en su empresa se pide un aumento en las condiciones, la gerencia
dice que sí, pero se demora 5 años en cumplir y ve que podría demorarse hasta 2
más (a pesar de haber convenios firmados), es claro que no será usted el
culpable si se acoge al derecho de huelga con su sindicato. Si los medios y las
redes sociales declararan que usted es un monstruo aprovechador y la gerencia
lo amenazara con invocar la Ley de Seguridad del Estado (que no es más que
poner una querella, no es más peligroso que eso), usted se enojaría y lo
encontraría injusto. Como ciudadano, no sólo exijo respeto al Gobierno por la
palabra empeñada, sino además exijo que no se nos desinforme más sobre este y,
en general todos los conflictos laborales. Una democracia exige no sólo apego a
la ley sino, más importante aún, apego
al honor y a la justicia. A lo que apunto es que la empatía es la base de la
unidad, y –como los funcionarios del Registro nos dan cátedra diariamente- la
unidad de los trabajadores es invencible.
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NOTAS
[1] Ver Protocolo de acuerdo en http://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2015/09/29/20150929104638.pdf
[2]
Ver noticia en el sitio http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/09/680-544254-9-funcionarios-del-registro-civil-firman-acuerdo-con-gobierno-para-deponer-paro-y.shtml
[3] Extraído de entrevista titulada “Presidenta de los Trabajadores del Registro
Civil explica las razones del paro”, de sindical.cl. Publicado con fecha 2
de septiembre de 2013. Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=F3PmqJgcu5Y
[4]
Los datos para calcular esta proporción fueron tomados del artículo “Empleados públicos: Chile tiene Estado más
chico de A. Latina, pero es de los más rígidos” en sección Economía y
Negocios online de El Mercurio.
Disponible en http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=46984
[5] Los
montos y la escala de remuneraciones están disponibles en el sitio http://www.registrocivil.cl/2013/per_remuneraciones.html
[6] La información necesaria para
realizar este cálculo fue extraída del sitio http://www.previsionsocial.gob.cl/cotizacion-honorarios/pagina3.html
[7] Al
realizar el presente texto, el motor de búsqueda www.google.cl
ofreció a la búsqueda “paro registro
civil 2015” sólo 4 resultados no tendenciosos contra las posturas de los
funcionarios del Registro en las primeras 10 páginas de búsqueda.
[9]
Ver, a modo de ejemplo el reportaje “La
satanización del paro de los trabajadores del Registro Civil” en el
periódico El Ciudadano de fecha 6 de septiembre de 2013. Disponible en http://www.elciudadano.cl/2013/09/06/81492/la-satanizacion-del-paro-de-los-trabajadores-del-registro-civil/
[10] http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/10/674-652821-9-gobierno-por-paro-del-registro-civil-esperamos-que-prime-la-cordura.shtml
[11] http://www.t13.cl/radio/politica/mesa-central/noticia/bachelet-descarta-incentivos-economicos-terminar-paro-registro-civil
[12] Citas del Presidente Mao Tsé-Tung
Capítulo XXIII “Investigación y Estudio”. Disponible en formato online en https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/libros/librorojo/citas-3.htm#s23
[16]
Ver artículo “Chile: Gobierno insiste en que paro del Registro Civil es ilegal
y llama a poner fin a la huelga”, disponible en http://www.entornointeligente.com/articulo/7201056/CHILE-Gobierno-insiste-en-que-paro-del-Registro-Civil-es-ilegal-y-llama-a-poner-fin-a-la-huelga-
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